miércoles, 13 de abril de 2011

Colegios acusan al Estado de no garantizar "ejercicio de derechos"


La Asociación Uruguaya de Educación Católica denuncia fallas en el sistema penal, pide que no se culpe a los adolescentes por la delincuencia, y recuerda que estos tienen responsabilidad penal desde los 13 años. Sostienen que hay una pérdida de valores.

Por Matías Rótulo

Postura. Los colegios católicos remarcan que los adolescentes uruguayos son un "tesoro".
Postura. Los colegios católicos remarcan que los adolescentes uruguayos son un "tesoro".

Los directores de los colegios católicos de nuestro país sostienen que la juventud es un "divino tesoro" y que no debe ser culpada por el incremento de la delincuencia.

Marcelo Fontona, director de la Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audec), explicó a LA REPUBLICA que uno de los temas en el orden del día en la asamblea del lunes fue "la baja de edad de imputabilidad" propuesta desde algunos sectores políticos y la culpabilización de los adolescentes en el incremento de la delincuencia.

Denunciaron, mediante un comunicado público, "fallas en el sistema judicial penal juvenil" por la "escasez de recursos, personal capacitado y el desempeño de algunos funcionarios". Afirman que "en la sociedad de hoy nos encontramos con pequeños grupos de personas y familias con una cultura, convicciones y un estilo operativo que los lleva a procurar sus ingresos mediante el delito como es el robo y el tráfico de drogas, etcétera".

"Quisiera hacérsenos pensar que el problema de la inseguridad radica en los adolescentes, cuando es dato de la realidad que los menores de 18 años actualmente privados de libertad por infringir la ley no llegan a 400, mientras que los adultos encarcelados superan los nueve mil", recuerdan.

También considera que hay fallas en el funcionamiento de algunas instituciones como el Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción (Semeji) y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) al momento de ejecutar las medidas de privación de libertad. "Las alternativas para reeducar a los adolescentes infractores y hacer eficiente el sistema, logrando la rehabilitación de los muchachos y la protección de la sociedad, no siempre realiza adecuadamente su tarea", sostienen.

Agregan que existe el problema del "tráfico de drogas y los reducidores de mercaderías robadas que necesitan operadores".

A su vez opinan que existe "un deterioro de los núcleos familiares en el desempeño de los roles y funciones, entre ellas particularmente las educativas".

Los colegios católicos denuncian que el Estado ha incumplido con los derechos que le imponen las leyes. Dicen que ha estado "incumpliendo (...) con los deberes que la Constitución le impone de garantizar a todos los habitantes de la República el ejercicio de sus derechos individuales, económicos y sociales y de promover la protección de la familia y de los hijos".

La Audec afirma que el crecimiento de los planes sociales llevados a cabo por la comunidad católica demuestran el incremento del problema de la droga. "En las últimas décadas -este dato surge desde nuestros 120 proyectos sociales y desde los 175 colegios esparcidos por todo el territorio nacional- hemos visto el deterioro social, económico y cultural de muchos uruguayos a los que no llegaban los servicios públicos: no contaban con una vivienda digna, ni con la capacitación para insertarse en el mercado laboral, ni con la existencia de fuentes de trabajo; no tenían como proyecto de vida más que la subsistencia, sin la presencia amiga de entidades y servicios que les acompañasen", señalan.

Afirman que "esta situación de deterioro en los sectores de escasos recursos y el oportunismo de otros (traficantes, reducidores) dio lugar a la configuración de formas de vida fuera de la ley que violentan la convivencia social".

RESPONSABILIDAD PENAL

LA REPUBLICA informó el lunes sobre la responsabilidad penal que tienen los menores de edad en toda América desde los 13 años (en el caso particular de nuestro país). Audec se afilia a esta postura que se contrapone a la planteada por el Partido Colorado al proponer un plebiscito para decidir la baja de la edad de imputabilidad.

"A pesar de lo que corrientemente se cree, los menores infractores a la ley penal sí son objeto de penas. Nuestro país cuenta con una Justicia Penal especializada para menores desde los 13 a los 18 años, la cual sanciona con penas que llegan a la privación de libertad; hay menores 'presos', cumpliendo esas penas", expresa el comunicado de Audec.

Piden en consecuencia que se fortalezca el trabajo de los órganos que se desempeñan en el ámbito de la justicia, la niñez y la sociedad. Solicitan que la ciudadanía recuerde que Uruguay está en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que ratificó en 1990, y advierten que la modificación de la legislación existente y el pasaje a la Justicia para adultos de los adolescentes comprendidos entre los 16 y 18 años llevaría a "violar los compromisos asumidos por el Estado Uruguayo ante la comunidad internacional".

"Los adolescentes uruguayos son un tesoro" y "la mayoría quieren superarse y crecer, forjarse un futuro y un lugar en la sociedad, aunque no se les den las oportunidades", afirman. "Son cientos los que no estudian, ni trabajan pero que participan de nuestros centros de capacitación y centros juveniles, dando cuenta de que quieren estudiar", finalizan.


Publicado en La República el 13 de Abril de 2011