miércoles, 2 de mayo de 2012

De 2009 a 2011: 28 procesamientos por delitos de explotación sexual a niños y niñas


Por Martina Brandt y Matías Rótulo (Publicado el 2 de mayo en La República)

De 2009 a 2011 hubo un total de 28 procesamientos por distintos delitos relacionados a abusos de niños, niñas y adolescentes. La información surge del Juzgado del Crimen Organizado. Uruguay elabora estrategias para prevenir casos en las fronteras con Brasil y Argentina.
La mayoría de los casos se dan dentro del ámbito familiar. La violación sexual no es la única forma de vulnerar los derechos de niños y adolescentes. De un tiempo a esta parte la visualización de la problemática de la explotación ha permitido que se realicen denuncias. El INAU y la Justicia contra el crimen organizado trabajan en estrategias para garantizar la confidencialidad. Este año se presentaron 10 denuncias, y en 2011 fueron 35. En los últimos dos años, se procesaron a 28 personas.
Según los datos proporcionados por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y verificados por el Juzgado del Crimen Organizado, de 2009 a 2011 hubo 28 procesamientos por causas abiertas de distintos delitos de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. “Estamos trabajando conjuntamente con la Justicia en estos casos” explicó a LA REPÚBLICA, Luis Putcher, que desde el INAU trabaja junto a su equipo en estrategias contra el abuso sexual a niños y niñas. Una de las preocupaciones de la institución es la visibilidad que se le da al abuso sexual “que casi siempre se da en el ámbito familiar”, explicó el director del INAU Jorge Ferrando.
La Memoria Anual 2011 del INAU explica que en el mes de marzo de dicho año se realizó un acuerdo entre el Directorio de INAU y los jueces de los Juzgados especializados en el Crimen Organizado para facilitar y aumentar la eficiencia en el procesamiento de las denuncias de situaciones de explotación sexual comercial. Con este vínculo se buscó aumentar la eficacia y la coordinación de esfuerzos en este tipo de situaciones y de hecho el número de procesados por delitos de esta índole ha aumentado. “Aumentó porque se está dando un proceso similar al de la violencia doméstica, donde esta temática está teniendo una mayor visibilidad”, aseguró Ferrando.
Los delitos de explotación sexual comercial comprenden la explotación sexual infantil y adolescente, la pornografía infantil y adolescente, la trata con fines sexuales, el turismo sexual y los espectáculos sexuales. Los procesamientos efectuados entre 2009 y 2011 refieren en su mayoría a la contribución a la explotación, al pago por relaciones sexuales, a la pornografía infantil y también a atentados violentos al pudor. No obstante, también figuran casos de proxenetismo, trata de personas y lavado de activos con fines delictivos relacionados a niños y adolescentes.
Las edades de los procesados en los tres años relevados oscilan entre los 21 y los 78 años. El 56% de ellos tienen más de 40 años y 4 de los 28 procesados son madres involucradas con los delitos.
Según la Memoria Anual 2011 del INAU, en dicho año se detectaron 34 casos y se realizaron las correspondientes denuncias en los Juzgados Especializados del Crimen Organizado. Las denuncias en el año 2010 fueron 12. Estos números corroboran que la explotación sexual de menores no es ajena a la realidad uruguaya, especialmente en algunas regiones como el litoral (en particular en Río Negro, Paysandú, Soriano), en la frontera con Brasil (Cerro Largo) y en parte de la franja costera (Maldonado), según establece un informe realizado en 2007 por Unicef y la ONG Ruda.
Preocupaciones
Uruguay busca estrategias comunes de prevención con Argentina y Brasil
El Estado uruguayo en virtud del artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño a la que está asociada se compromete a “tomar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra todas las formas de violencia física o mental, lesiones o abuso, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluyendo abuso sexual, perpetrados por los progenitores, los tutores legales o cualesquiera otras personas encargadas de su cuidado”. El artículo 32 de dicha Convención reconoce específicamente el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y los trabajos peligrosos y los artículos 34 y 35 se refieren a la explotación sexual y a la trata, respectivamente.
En relación a esta problemática, Uruguay ha ratificado tratados internacionales que reafirman los derechos de niños y adolescentes. Por un lado, la Ley Nº 17.815 referida a la violencia sexual comercial o no comercial cometida contra niños, adolescentes o incapaces, adscribe en su artículo número 3 al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño que establece que los Estados parte prohibirán la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil. Al respecto, nuestro país, se encuentra en un proceso de colaboración en cuanto a las formas de trabajo infantil y de erradicar las peores formas del trabajo infantil, tal como lo propone la OIT. “Estamos trabajando en la prevención pero también en la educación, generando políticas coordinadas a nivel nacional”, explicó a LA REPÚBLICA el inspector nacional de Trabajo, Juan Andrés Roballo. El jerarca además es quien dirige el CETI (Comité Nacional de Erradicación contra el Trabajo Infantil).
Uruguay adscribió al Convenio 182 de la (OIT) que hace referencia a las peores formas de trabajo infantil. Este convenio obliga a todo miembro que lo ratifique a adoptar medidas inmediatas para prohibir y eliminar las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia. Dichas formas de trabajo infantil son todos los tipos de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la explotación sexual comercial y la producción pornográfica; y la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas.
Prevención en la frontera
El INAU cierra por estos días una serie de acuerdos internacionales para trabajar en las políticas de prevención de delitos sexuales en la frontera líquida con Argentina y en la terrestre con Brasil. Tal como informó LA REPÚBLICA el año pasado, uno de los delitos descubiertos por el INAU se da en el ámbito de las zonas portuarias y carreteras, con la explotación sexual comercial de niños y niñas por parte de camioneros. Otro de los problemas es el tráfico de personas. Los artículos 77 y 81 de la Ley de Migración 18.250 del 2008 se refieren a la trata y tráfico de personas y establecen que quien de cualquier manera o por cualquier medio participare en el reclutamiento, transporte, transferencia, acogida o el recibo de personas para el trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares, la servidumbre, la explotación sexual, la remoción y extracción de órganos o cualquier otra actividad que menoscabe la dignidad humana, será castigado.
Plan de acción 2010-2015
En diciembre de 2008 fue presentado el documento “Bases para la implementación de una Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia (ENIA) 2010–2030”. En él se recogen y sistematizan los aportes realizados en un amplio proceso de debate del que participaron numerosas instituciones y organizaciones del Estado y la sociedad civil. En base a dicho documento, el Comité de Coordinación Estratégica de Infancia y Adolescencia, integrado por autoridades del MSP, Mides, INAU, MEC, ANEP, ASSE, MTD, MI e INJU, elaboró el Plan de Acción para el período 2010–2015. Este plan se apoya en los fundamentos de la ENIA y plantea objetivos más específicos y accionares concretos.
El INAU y la Justicia trabaja en otros 10 casos en 2012
Respecto a la explotación sexual comercial, los objetivos para el quinquenio implican un plan en operación con acciones específicas para su erradicación. Entre ellas se desataca generar conocimiento y profesionales especializados en la temática y fortalecer la articulación entre el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y no Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (Conapese), el Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia Contra la Violencia (Sipiav) y el Comité de Erradicación del Trabajo Infantil (CETI). Asimismo, se destaca la necesidad de adecuar la normativa vigente y fortalecer mecanismos y dispositivos de represión efectiva de las redes que operan en la materia. A la par, se subraya la importancia de aprobar un código de ética de los medios de comunicación para el tratamiento de la infancia y la adolescencia desde una perspectiva de derechos y también de instalar un servicio de atención a las víctimas que comprenda atención de la salud física y mental y apoyos para la inserción educativa, social y laboral.