jueves, 24 de octubre de 2013

Fotocopias ¿Instituciones públicas cometiendo delitos?

Tapa de La Risa de Henri Bergson fotocopiado entero este año en la Biblioteca Nacional a pesar de la prohibición de “No fotocopiar”. 


El arresto de empresarios de la fotocopia en el centro de Montevideo revive una vieja polémica donde dos intereses se chocan: el derecho del autor ante su creación intelectual y el derecho de los estudiantes por acceder al material bibliográfico. ¿Las autoridades públicas amparan estas formas delictivas al permitir que se fotocopien libros en instituciones públicas? ¿Fotocopiar es un delito?

Por Matías Rótulo (publicado en el Semanario Voces el 24/10/2013)

¿Quién no pensó esta semana en la posibilidad de haber sido o ser cómplice de un delito por fotocopiar parcial o totalmente un libro? ¿Quién no fotocopió un libro producto del trabajo intelectual de alguien y que no cobrará sus derechos de autor? Los fiscales, los jueces y abogados (inclusive los de la causa contra los fotocopiadores del centro de Montevideo) ¿No fotocopiaron libros en la galería de 18 de Julio y Eduardo Acevedo para poder estudiarlos? O a modo de pregunta más general ¿No se fotocopia libros enteros dentro de instituciones educativas estatales y/o privadas (estas últimas bajo el control estatal)? En tal caso, los funcionarios públicos (docentes y no docentes) que ven esta actividad a diario y utilizan las fotocopiadoras ¿No estarían incurriendo en el delito de no denunciar delitos, tal como son obligados en su función pública?
Se hacen fotocopias en cantinas liceales que solicitaron permisos para vender alimentos y bebidas. Se fotocopian libros en centros de estudiantes que tienen dos fines solidarios: facilitar materiales de estudio a precio reducido y trabajo a estudiantes. Inclusive, dentro de la Biblioteca Nacional (Bibna) hay una fotocopiadora que opera todo el día. ¿Hay un delito en estos casos? Para los editores, el perjuicio estaría dado en la fotocopia indiscriminada de libros y no en la reproducción de capítulos.

Impresiones del debate
El director de la Bibna Carlos Liscano admitió que dentro de la institución que dirige se hacen fotocopias “pero no las hacemos de manera masiva –declaró al ser consultado-, y de hecho la empresa privada que tiene el servicio le paga al Bibna con fotocopias que necesita la propia institución y nada más”. Aseguró que “se reproducen capítulos que necesitan los estudiantes e investigadores, no libros enteros”. De acuerdo a lo comprobado por Voces, en la Bina se hacen fotocopias de libros enteros, inclusive de aquellos libros que llevan el cartel de “no fotocopiar” al estar preservados por su condición de únicos o en mal estado (véase foto de esta nota).
Enrique Morrone, directivo de la Cámara Uruguaya del Libro (CUL) expresó que “la denuncia de esta semana no la hizo la CUL sino un socio” aunque “el problema es algo que se viene constatando desde hace por lo menos dos años” y “se han hecho gestiones para que el fotocopiado indiscriminado se deje de realizar”. El directivo indicó que “muchas veces, los materiales que los mismos docentes dejan en fotocopiadoras no tienen indicación ni de autor, ni de editorial… nosotros no nos quejamos solamente por el perjuicio económico sino como agentes promotores de cultura”.
En el mismo sentido que Morrone, Liscano expresó que “en Uruguay se hizo costumbre a nivel de secundaria y educación terciaria el leer fotocopias y no los libros originales”.

¿Públicos fotocopiadores?

El doctor Édison Lanza, experto en derecho de autor dijo que “de acuerdo a la ley vigente es un delito reproducir con fines de lucro obras intelectuales sin autorización de sus autores o las editoriales”. En este caso “parece claro que ante una denuncia puede haber un procesamiento y de hecho ya los hubo en el pasado”.
Según Lanza “si hay una política de perseguir y denunciar este tipo de delitos muchos tendrán problemas” inclusive “los centros de estudios que administran fotocopias, ya que están en la misma situación que el resto de las fotocopiadoras que se encuentran en el entorno de los centros de estudio, por lo que tendrían que llegar a un arreglo con el organismo de gestión de los derechos de autor” Lanza propuso como una solución “fijar un canon ficto por precio de fotocopia y volcarlo a la organización que representa a los autores de estos libros, para que a su vez esta pague las regalías a los autores”. De acuerdo a Liscano hace algunos años funcionó una unidad de gestión a nivel de las cámaras editoriales y de trabajadores “que cobraba un porcentaje por fotocopias y se permitía cierta cantidad de copias a los comercios”.
Liscano aclaró que el artículo 45 de la ley 9.739 del año 1937 establece once puntos de excepción que no serían vistos como “delitos”. En dicho artículo se establece que quedan exentos de la prohibición de reproducción “la publicación o difusión por radio o prensa, de obras destinadas a la enseñanza, de extractos, fragmentos de poesías y artículos sueltos, siempre que se indique el nombre del autor…”. Liscano aclaró que si es con fines educativos, no se estaría incurriendo en un delito.

Doble faz
Se puede constatar fácilmente en los centros de estudiantes a nivel terciario la presencia de oferta de libros enteros presentados en “carpetas de libros” a modo de ficheros. “El tema es que no nos hacemos millonarios con esos libros” explicó un estudiante – funcionario del Centro de Fotocopiado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Añadió que “lo que se obtiene de ganancia es para pagar sueldos y mantener los equipos”. Además –declaró el estudiante- “¿Quiero saber qué Centro de Estudiantes obtiene ganancias siendo que casi todos están en números rojos porque además compiten con fotocopiadores externos? De hecho, alrededor del Instituto de Profesores Artigas, además de estar en el interior la fotocopiadora del Centro de Estudiantes, existen por lo menos otros cuatro empresas en los alrededores, y en la Facultad de Psicología al menos quince centros de fotocopiado.
En una declaración emitida el martes por Centro de Estudiantes de Derecho, se manifestó la solidaridad con los trabajadores de la Galería Monte Carlo y se explicó que uno de los motivos de utilizar fotocopias es por los “elevados precios de los materiales de estudio”. De acuerdo a Morrone, la CUL “realiza acciones que fomentan la baja de precios” pero hay libros que se piensan para un público potencial de veinte mil estudiantes y los datos arrojan que se venden unos trescientos, aunque muchos más llegan al material por medio de la fotocopia”.
Carlos Liscano, que es además el Presidente del Consejo de Derechos Autor dijo que “el problema es múltiple y complejo, tanto que por un lado está el derecho de los estudiantes en acceder a los materiales y por otro el derecho de los autores por el respeto de su propiedad intelectual” y que este tema es una preocupación para el Estado y en particular en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). El Secretario General del MEC Pablo Álvarez sostuvo que si bien no se pueden reproducir textos de manera total o parcial “el dilema está entre el acceso y la protección de la propiedad intelectual, y  si la reproducción de los textos no genera un negocio que compite con el negocio legal”. El MEC participa en la organización de la conferencia “Sumar” que se realizará en noviembre y que consistirá un debate ciudadano donde uno de los temas será el acceso a los materiales bibliográficos. Álvarez dijo que desde el Estado se viene promoviendo la educación, el fomento a la lectura y con el apoyo del Plan Ceibal donde se introdujo material bibliográfico en las laptops gracias a distintos acuerdos que el Estado logró con escritores y editoriales y el pago de derechos de autor.

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Reproducción de libros
digitales para ciegos será libre


Uruguay firmó en julio de este año en Marrakech un tratado internacional por el cual las personas ciegas podrán acceder a materiales bibliográficos en formato digital de manera libre. Según Carlos Liscano, quien fue el responsable de firmar por Uruguay dicho acuerdo “será algo revolucionario, ya que una persona no vidente podrá ir a una editorial y pedir que se reproduzca un libro en formato de audio sin que esto implique una falta a las leyes sobre derecho de autor”. Actualmente en Uruguay sólo un 30% de las personas ciegas sabe leer en el sistema Braile.
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