La comparecencia de las autoridades de la ANEP en el Senado el 4 de mayo desnudó una propuesta utilitaria. Se trata de una reforma centrada en el valor administrativo del título y no en la excelencia pedagógica y científica que el país necesita para formar a sus docentes.
¿Para qué espera uno que se proponga la creación de una universidad que sustituya a un consejo de formación docente? Se entiende que se aspira a desarrollar un centro con vida académica que ofrezca formación de calidad, vinculada directamente a la generación de conocimiento, de modo que los egresados cuenten con capacidades que no se logran con la estructura actual. Eso sería esencial si consideramos que esos egresados serán los encargados de la formación de niños, niñas y adolescentes en nuestro país, por lo que las capacidades que adquieran repercutirán directamente en la calidad de la formación que brinden. Esto, por último, repercutirá directamente en las capacidades de quienes realicen esos trayectos educativos durante el resto de sus vidas. La base para el desarrollo de cualquier sociedad son las capacidades de sus integrantes, por lo que apostar por ellas es apostar por potenciar el desarrollo del país en el futuro. Si se plantea la creación de una nueva institución, nada menos que una universidad, es por las repercusiones positivas que tendría para toda la sociedad, especialmente al fortalecer las capacidades de los docentes. Esto parece un objetivo tan loable que nadie podría discrepar de él ni cuestionarlo, por lo que debería ser relativamente sencillo de lograr en términos de acuerdos políticos. Sin embargo, no se sorprenda el lector si le decimos que nada de esto constó en las fundamentaciones presentadas por la delegación de ANEP ante la Comisión de Educación y Cultura del Senado.
Entre aseveraciones sin contenido profundo, acumulaciones históricas de hechos y referencias a Enriqueta Compte y Riqué (sí, la propuesta de la Universidad del siglo XXI tiene a una brillante pero lejana figura de la pedagogía de finales del siglo XIX como referencia), la comparecencia de las autoridades de la ANEP, principales promotoras de la nueva institución, dejó otro vacío, más allá del que representa el Proyecto de Ley en sí mismo. Ni siquiera, las autoridades de la ANEP llevaron adelante un plan para convencer a los legisladores de la oposición de apoyar la propuesta. La visita a la Comisión de Educación fue más un saludo a la patria amiga que una demostración de capacidad política, desnudando carencias profundas en la propuesta presentada.
“Jerarquizar, jerarquizar”
El principal argumento transversal, repetido por varios de los asistentes, fue planteado con claridad por Daysi Iglesias, consejera de la ANEP elegida por los docentes: “…el prestigio y el reconocimiento social que supone un título de carácter universitario; no es lo mismo un título de carácter terciario no universitario que uno de carácter universitario”, seguido de “una razón que tiene que ver con la expectativa de reconocimiento público hacia los docentes”. Es decir, un argumento netamente utilitario, pensado para los egresados y no desde el rol de maestros y profesores, y su repercusión en la sociedad. En varias intervenciones se sostuvo que esto jerarquiza a los docentes, pero no porque adquieran una mejor formación y, por tanto, más capacidades como consecuencia de su esperada formación universitaria, sino por el título en sí mismo, como un fin en sí mismo.
La misma Iglesias continuó explicando que “hay instituciones privadas otorgando títulos universitarios, particularmente de profesores. Esto puede tener un impacto en lo administrativo respecto a los ordenamientos para las elecciones de cargos y de horas. Un título terciario universitario acredita más que un título terciario no universitario. Por lo tanto, desde el punto de vista social y desde el punto de vista administrativo, está dada la importancia de este tema.” Es decir, algo puramente operativo, independiente de la calidad de la formación a la que se aspira. Si las capacidades adquiridas para acceder a títulos distintos en realidad son distintas, es correcto valorarlas de manera distinta si el foco está en los alumnos, no en los docentes. Por el contrario, si las formaciones son equivalentes, esto pasa a ser un aspecto administrativo fácilmente solucionable en las bases de los llamados de ANEP, algo que se supone que Iglesias podría impulsar desde su cargo de consejera de ANEP. Si la jerarquización es puramente operativa y basada en el ordenamiento para la elección de horas, no estamos ante un proyecto universitario, sino ante una paritaria sindical encubierta en un proyecto de ley
Profundizando en este tema, en el que se habló repetidamente de “jerarquizar la profesión docente”, ¿jerarquizar es cambiar el nombre institucional? ¿Otorgar títulos universitarios? Eso ya se intentó en la administración anterior mediante el reconocimiento universitario. Por lo tanto, si el argumento principal planteado por Iglesias es jerarquizar a los docentes otorgándoles un título universitario, se entendería que está plenamente de acuerdo con el procedimiento impulsado por la ANEP, dirigida por Robert Silva, para validar los títulos como universitarios, ya que este permitió lograr tan loable fin. Si, por el contrario, no estuviera de acuerdo, sería importante entender la diferencia que tendría, en su concepto, un título universitario emitido por una universidad creada con el fin de jerarquizar frente a uno emitido por el MEC (Ministerio de Educación y Cultura, que poco o nada tiene injerencia en la formación de docentes por la autonomía de la ANEP), independientemente de que la persona hubiera recibido formación universitaria. Ambos “jerarquizan” por igual al docente y, por tanto, responden al aspecto central planteado por la consejera para crear una universidad.
¿Jerarquizar implica crear una nueva estructura? De acuerdo con Iglesias, ¿los docentes ya formados por el CFE en todo el país no tienen jerarquía actualmente? ¿Qué implica “jerarquizarlos” desde una perspectiva pedagógica? Nunca en la comparecencia quedó claro qué significa exactamente “jerarquizar”. ¿O “jerarquizar pasa, quizás a su entender, por poner un cartel que diga “universidad”?
Investigación sí, pero limitadita, por las dudas
Recién después de dos páginas y media de la versión taquigráfica de la exposición, de Caggiani, el presidente de la ANEP, aparece la palabra "investigación". Caggiani sostiene allí que “Es imprescindible colocar la formación de grado y posgrado de los educadores en relación con la investigación, siendo esta una de las características de las
universidades”. Sin embargo, cuando se refieren a “investigación”, en forma concreta, se planteó centrarla solamente en aspectos pedagógicos:
“…los futuros maestros y profesores construyan capacidades de investigación y mejoren sus condiciones para la producción de conocimiento pedagógico y educativo” (Walter Fernández).
“…es indispensable transformar la cultura institucional de la formación en educación y mover el eje desde la transmisión de contenidos hacia la producción activa de conocimiento pedagógico.” (Walter Fernández).
“…los contextos de creación de conocimiento relacionados con la investigación, la extensión y las prácticas que hacemos los maestros y profesores en contextos diversos, pero que deben atender los desafíos que tiene hoy la educación.” (Martina Bailón).
Todos estos planteos fueron consistentes con lo que se plantea en el proyecto de ley, en la que se plantea una universidad que forme docentes en todas las disciplinas, pero que restrinja la investigación a temas pedagógicos y didácticos. Es decir, se insiste en transformar la institucionalidad en una universidad en la que la enseñanza y la investigación estén integradas en el proceso de formación docente, pero, al mismo tiempo, se limita la investigación únicamente a los aspectos pedagógicos. Por tanto, un estudiante, futuro profesor de historia, física o biología, ¿sólo podrá tener contacto con temas de investigación si estos se vinculan directamente con la pedagogía y la didáctica? Entonces, ¿para qué se aspira a contar con una universidad? Lo esperable sería contar con una universidad, de modo que la capacitación adquirida a través de la investigación en el proceso de formación estuviera vinculada a la disciplina que se va a dictar, pero eso queda totalmente excluido en el proyecto de ley. Es decir, el futuro profesor de historia, física o biología sólo podrá nutrir su formación mediante actividades de investigación en pedagogía o en didáctica. Claro, lo otro, lo serio, implicaría pensar en desarrollar una institución con vida académica en todas las disciplinas que imparte. El planteo es tan reduccionista que termina siendo la creación de una universidad de segunda, donde el profesor de física no investiga física, sino cómo enseñarla, y, por tanto, el estudiante no puede formarse con base en la investigación en física. Al no incluir la investigación disciplinar pura, la Uned nacería amputada. Terminará dependiendo crónicamente de lo que produzcan la Udelar u otras instituciones para actualizar sus contenidos disciplinarios, perpetuando una subordinación académica. Entonces, finalmente, a uno le queda la duda de si “investigar” es una palabra incluida porque se sabe que debe incluirse cuando se habla de una universidad, o simplemente no se entiende por qué es necesaria la investigación asociada a la formación universitaria.
La territorialidad como virtud en sí misma
También se insistió en la descentralización, y se reiteró como un argumento central que el actual Consejo de Formación Docente (CFE) tiene presencia en todo el país, algo que, en realidad, ocurre desde hace décadas. Sin embargo, ¿alguien evaluó si esos locales cuentan con las características necesarias para la construcción y el desarrollo de una universidad? Muchos tienen muy buenas estructuras para el dictado de clases, o para el soporte administrativo, pero ¿qué ocurre con el desarrollo académico? ¿Tienen laboratorios adecuados? ¿O espacios para generarlos? ¿Espacios para la actividad de investigación, oficinas para docentes y estudiantes de posgrado e intercambios académicos? ¿Acceso a bibliografía científica actualizada, con soporte bibliotecológico orientado a ello?
La descentralización es una bandera noble, pero la infraestructura física no equivale automáticamente a la densidad académica. Una universidad no es solo un salón con sillas y buena conectividad; requiere laboratorios, centros de investigación, institutos y espacios de debate de posgrado. Confundir un centro de distribución de clases con un campus universitario es, por lo menos, una improvisación peligrosa.
Las frutillas…
La contradicción más fuerte surgió cuando las propias autoridades defendieron que ya existe investigación, extensión y articulación con la Udelar y con posgrados. La consejera en representación de los docentes del CFE, Gabriela Rico, afirmó que “la formación en educación en nuestro país está mucho más preparada y en pie de igualdad con las instituciones universitarias”. Si esto ya ocurre, entonces el problema no parece ser jurídico ni institucional, sino de profundidad académica, de recursos y de gestión.
La misma consejera Rico sostuvo que el retraso en la creación de la universidad se explica porque la docencia es una profesión feminizada: “nuestro perfil de estudiante tiene que ver con jóvenes en un entorno de 26 años, algunos con estudios incompletos, que residen en el interior y son fundamentalmente mujeres. Es una población muy feminizada”. En tal sentido, resaltó: “no es casual que, siendo la profesión docente una profesión altamente feminizada, aún no hayamos logrado el reconocimiento universitario para la formación en educación” y concluyó que “esta universidad pone en pie de igualdad a muchas de nuestras docentes que están en el aula día a día”. Atribuir el retraso histórico a una cuestión de género de la población estudiantil actual es ignorar el debate político e institucional real de las últimas décadas en Uruguay. Reducir la falta de rango universitario a un sesgo de género actual desmerece la propia historia de la formación docente. Más aún, de acuerdo al planteo, ¿la igualdad surgirá de la concesión de un título universitario? Nuevamente, si ese es el planteo, la consejera debería estar en total acuerdo con el presidente anterior de ANEP, Robert Silva, y su entrega de títulos al grito. Sin embargo, el planteo resulta más llamativo cuando en la Udelar más del 60% de los estudiantes son mujeres. Es decir, el argumento de que no se creó la Uned por la feminización estudiantil cae por su propio peso cuando no constituye una limitación para que la Udelar funcione y su actividad sea sistemáticamente reconocida en el mismo parlamento que hoy debe resolver sobre este proyecto de ley.
Tristeza não tem fim
Cambiar el estatus jurídico sin modificar la matriz de generación de conocimiento es un "fetichismo del título". El prestigio social de una profesión no se decreta por ley en el Parlamento; se construye en las aulas mediante el rigor de sus profesionales. El país necesita formación universitaria para los docentes para potenciar el futuro de las próximas generaciones. Pero la sociedad necesita una institución que forme científicos de la educación, no una máquina burocrática que imprima títulos con la palabra 'universitario' para calmar las ansiedades corporativas. Si la Uned nace sin ciencia en sus aulas, nacerá muerta.
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Matías Rótulo.