sábado, 8 de noviembre de 2014

Trata de mujeres: Uruguay al combate

El Estado uruguayo reconoce un problema que no es común escuchar en los discursos políticos ni en las noticias policiales. Nuestro país es un lugar de tránsito e inicio de trata de personas, y la alarma suena desde el exterior. Hace pocos días, Uruguay estableció una normativa que propone la colaboración entre la mayoría de las instituciones públicas para combatir la trata de mujeres, niños, niñas y adolescentes. Las organizaciones no gubernamentales tendrán un papel activo en dicha comisión, para dar respuesta a una necesidad urgente de nuestro país: combatir la trata de personas.

Por Matías Rótulo - publicado en Voces 454 (jueves 5/11/14)

Silencioso como el problema que pretende atacar, el decreto con fecha 16 de octubre de 2014 firmado por José Mujica se perdió entre el bullicio de las noticias electorales. Desde ahora, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) deberá coordinar con los demás ministerios, las acciones, la evaluación, pero en particular la elaboración de un plan nacional contra la trata de personas.  Es poco denunciado, pero las investigaciones a nivel de Juzgado del Crimen Organizado apuntan tanto a casos ocurridos en nuestro país como en el exterior y que vincular a víctimas y victimarios en territorio uruguayo. Mujeres, niños, niñas y adolescentes son potenciales víctimas y a nivel nacional, se vienen realizando trabajos en el terreno, particularmente en las fronteras secas y húmedas de nuestro país.
Uruguay, desde hace varios años es observado a nivel internacional por no atacar la trata de personas con distintos fines de explotación (sexual, laboral, etc.). En el año 2011 se le recomendó a Uruguay desde los Estados Unidos (particularmente desde el Departamento de Estado), el reforzamiento de las políticas y acciones efectivas para disminuir el tráfico de personas (especialmente niños, niñas, adolescentes y mujeres). Este año, el Departamento de Estado volvió a emitir una advertencia al respecto ya que no se dio el avance esperado. Fuentes del Poder Ejecutivo informaron a Voces que las advertencias a Uruguay calaron hondo en el gobierno, y hace menos de un mes se dio una respuesta ante los últimos pedidos de las Naciones Unidas sobre la trata de personas en Uruguay. Dicha respuesta se viene preparando desde hace varios meses, indicaron los informantes. El decreto recuerda que desde el año 2008, el Instituto Nacional de las Mujeres (del Mides) realiza acciones efectivas, destinadas a la desarticulación y sensibilización sobre el problema. El decreto también reconoce el trabajo de las instituciones privadas como las no gubernamentales, que realizan un importante trabajo en el terreno. Asimismo, se procura que Uruguay respete (así lo señala el decreto), los acuerdos internacionales trazados al respecto por nuestro país. 

El problema
En un informe publicado por el diario El Observador el 30 de junio de este año, se destaca que “la trata de personas para fines de explotación sexual y laboral, que genera todos los años US$ 12.000 millones de beneficios en América Latina y el Caribe, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT)” y “se está convirtiendo en una actividad complementaria casi tan rentable y más segura que el narcotráfico para las organizaciones del crimen organizado”. Dentro de este circuito comercial, tanto las Naciones Unidas como el Pentágono, ubican a Uruguay como lugar de tráfico, algo que también es detectado por las autoridades nacionales. Si bien desde el Ministerio de Turismo se informó que se ha venido trabajando con los operadores para prevenir el “turismo sexual” existente en playas de Brasil, y desde el Ministerio del Interior se destacan las fortalezas del país gracias a la coordinación con Interpol, la falta de acciones efectivas generan preocupación a nivel internacional y local. Las noticias que nos llegan, son aquellas que recogen casos de las fronteras secas en Brasil, Argentina y Paraguay pero Uruguay es protagonista de una problemática vigente y cada vez más común. Ya en 2010, la relatoría de la ONU sobre nuestro país señaló que en Uruguay existe la problemática de la trata de personas y que por entonces era poco tenida en cuenta por el Estado. En un artículo del sitio web 180.com que narra la visita de la relatora especial de la ONU, Joy Ngozi Ezeilo, se lee que a la enviada le llamó atención sobre algunas fallas encontradas durante su visita. Lamentó la “falta de información estadística” sobre la trata de personas en Uruguay ya que “esto ha provocado el fenómeno de permanecer invisible y no reconocida entre la población y las autoridades”. El decreto aprobado en octubre, ordena que la comisión interinstitucional elabore un plan de trabajo que apunte también a brindar información estadística sobre los delitos.  




En algunas agendas
De los dos programas con posibilidad de ser aplicados desde el Poder Ejecutivo en los próximos cinco años, el del Frente Amplio es el que proyecta seguir trabajando el asunto de la trata de mujeres. De acuerdo al programa de gobierno 2015-2020 se pretende “profundizar las políticas y programas avanzando hacia un Sistema Integral de Respuestas hacia un País Libre de Violencia de Género y Generaciones”. Se entiende “que en la medida en que la violencia intrafamiliar y de relaciones interpersonales no se juzga o explicita, se favorece la sensación de impunidad colectiva contra la cual una fuerza progresista debe luchar”. El Estado –propone el Frente Amplio-, deberá ampliar la agenda integrando con igual énfasis los distintos tipos de violencia de género: doméstica, sexual, trata y tráfico, explotación sexual comercial y no comercial de niños, niñas y adolescentes, acoso sexual, violencia simbólica, violencia contra los derechos sexuales y reproductivos, violencia institucional, entre otras”.
En el caso del Partido Nacional se reconoce parcialmente el problema de la trata de personas. El programa de gobierno de Lacalle Pou y Jorge Larrañaga propone una serie de “medidas para una protección efectiva de los derechos de poblaciones vulnerables” entre las que se encuentra el “Programa de apoyo a las víctimas de explotación sexual, violencia y comercio infantil”. De esta forma se establece someramente el tema, ubicándolo en la agenda pero parcialmente, vinculando el problema a los niños y niñas cuando en realidad afecta también a mujeres adultas.