El "Mapa regional latinoamericano sobre educación en prisiones" de la Unión Europea revela fallas en los sistemas carcelarios. Encuentra dificultades en el acceso a la educación de los presos, aunque sobre Uruguay destaca la intención del gobierno de profundizar la educación en los centros de reclusión.
Por Matías Rótulo (publicado el 30/03/09 en La República)
Las cárceles no deben ser para mortificar y sí para educar y rehabilitar. Desde la Constitución de la República a los tratados internacionales sobre derechos humanos, se hace referencia a esta obligación de los centros penitenciarios.
LA REPUBLICA tuvo acceso al "Mapa regional latinoamericano sobre educación en prisiones", elaborado por la Unión Europea, que aún no ha sido presentado en ninguno de los países estudiados. Este trabajo, que será revelado en las próximas semanas, evalúa las condiciones carcelarias y el acceso a la enseñanza en las prisiones. Allí se resaltan fallas por el hacinamiento y las dificultades de acceso a la atención médica y la educación. El informe revela la lentitud de los procedimientos judiciales, y en Uruguay, la dificultad de acceso a las áreas de estudios.
CONDICIONES EN URUGUAY
En Uruguay reza el informe uno de los problemas es el "acceso" a los lugares de estudio dentro de las cárceles. Nuestro país cuenta con plan de alfabetización en algunos centros (Comcar, por ejemplo; se piensa extender a otras cárceles), cursos de educación no formal (teatro, murga, ajedrez y otros) y de primaria y secundaria. Según el informe, en Uruguay "el actual gobierno ha mostrado desde su inicio un interés por la situación de las prisiones y las causas que la originan".
Cita el discurso de asunción del presidente Tabaré Vázquez en 2005, cuando dijo: "Seremos muy severos con la delincuencia, pero implacablemente severos con las causas que llevan a la misma". Resalta además el perfil social de algunos de los nuevos gobiernos de nuestro continente. En este marco reconoce que "un aspecto positivo de las legislaciones latinoamericanas reside en el hecho de que varios países han adoptado una ley que estipula la remisión de la pena para reclusos que estudian y/o trabajan". Entre esos países se ubican México y Uruguay, junto a Venezuela, Perú, Guatemala, Colombia, Panamá y Bolivia.
En el caso particular de nuestro país se destaca como un aspecto positivo la coordinación institucional a nivel de gobierno e instituciones sociales. Dice que la comunicación entre estas instituciones es "óptima" gracias "a una Comisión de Apoyo a la Educación en Cárceles (CAEC)", así como por el buen funcionamiento de los patronatos de encarcelados y los de atención de las víctimas del delito y sus familiares. Sin embargo, sugiere que "falta en general desarrollar en la región una política pospenitenciaria".
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su comentario.
Matías Rótulo.