Informe internacional avala que es "ineficaz" bajar edad de imputabilidad

Un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) advierte que la baja de edad de imputabilidad es "ineficaz", según los resultados obtenidos en la región. En Uruguay, desde el ámbito civil cada vez más se solicitan nuevas medidas, tales como que se juzguen como adultos a menores de 18 años de edad.

Por Matías Rótulo

Uruguay se comprometió internacionalmente a respetar tanto la Convención Internacional de los Derechos de niños y niñas, como demás acuerdos internacionales sobre los Derechos Humanos. La posibilidad de juzgar a adolescentes desde los 16 años de edad por delitos cometidos parece entrar en una discusión que trasciende lo político y se ubica en lo social. Sitios de Facebook (anónimos), foros de debate, etcétera levantan la bandera de "bajar la edad de imputabilidad". Desde el Comité de los Derechos del Niño (CDN), se advierte que Uruguay estaría contrariando los acuerdos asumidos internacionales. Por otro lado, la denuncia de organismos internacionales advirtiendo sobre situaciones que adecuan los derechos de los adolescentes privados de su libertad en el Instituto del Niño y el Adolescente (INAU) son un llamado de alerta a una institución que tiene como cometido rehabilitar a los jóvenes. Este año se alcanzó un acuerdo político para crear un instituto especializado en rehabilitación, que contó con la anuencia de todos los partidos políticos. Ahora, el tema sigue en debate tras propuestas surgidas desde la oposición, y el rechazo desde su plan de gobierno 2010-2015 del Frente Amplio, por juzgar a menores de 18 años como adultos. Según un informe de la OEA esta medida es "ineficaz".

RECLAMO SOCIAL

RS perdió a su padre en un asalto en el año 2006. Por medio de un periodista televisivo conseguimos su teléfono. En ningún momento aceptó reunirse con nosotros. "No tengo miedo, simplemente no tengo ganas de que se use mi problema para pedir un castigo que en realidad debería ser para la sociedad, porque si mi padre murió fue porque le faltó a un chico algo de contención, social y educativa", dijo.

RS está en contra de los reclamos de familiares y partidos políticos sobre la "baja de edad" para juzgar a menores desde los 16 años de edad. Hace dos semanas, se realizó una manifestación de familiares de comerciantes muertos en asaltos cometidos por menores de edad en Montevideo. Allí se pidió "que no salgan por una puerta y entren por otra" y hasta se deslizó el pedido de "mano dura". Este mismo reclamo fue contrarrestado en Argentina en el año 2009 por las asociaciones sociales pro Derechos Humanos para que se eduque a los jóvenes infractores, y que se les dé "una nueva posibilidad". Uno de los ejemplos más visible fue el de "Los chicos de Pueblo" que en Rosario (Santa Fe) hicieron una movilización en contra de las propuestas ingresadas en el Congreso de aquel país para que menores (en algunos casos) desde los doce años sean juzgados como adultos. "No estoy de acuerdo con que se pretenda encerrar a un muchacho, más porque encerrarlo significa que sufra, ya que nadie desconoce la realidad de los centros del INAU, y eso que a mi padre lo mató un pibe de 15 años en 2006", dice RS.

INFORME EN CONTRA

Las propuestas de la baja de la edad mínima para juzgar a menores de edad desde los 16, está presentando oposiciones a nivel nacional como internacional. Según supo LA REPUBLICA, desde varios ámbitos (políticos, legales y sociales) se reflotará un informe del año 2009 de la Organización de los Estados Americanos - Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el parágrafo 219 dice: "En varios países de la región se ha apelado a políticas que han resultado históricamente ineficaces para solucionar las demandas sociales sobre seguridad ciudadana, basadas en planteos de incrementar la presión punitiva, reducir las garantías procesales, o bajar la edad de imputabilidad para aplicar el derecho penal de adultos a los niños y niñas". Por otra parte, "la falta de una adecuada respuesta del Estado ante la violencia y el delito, en ocasiones ha conducido a reproducir lógicas de relacionamiento social fundadas en la intolerancia y la estigmatización de personas o grupos de personas, favoreciendo la aparición de casos de violencia extra legal, de los cuales son responsables los llamados grupos de 'limpieza social', como 'escuadrones de la muerte' o grupos para policiales y paramilitares". Consultado al respecto, uno de los redactores del Código de la Niñez y la Adolescencia, el doctor especializado en minoridad Ricardo Pérez Manrique, dijo que "está claro que no han tenido buenos resultados este tipo de medidas" y que "se debe mirar por el respeto de los Derechos Humanos" y uno de ellos "es el de educación". En Argentina, las manifestaciones de las organizaciones sociales, por momentos silenciosa ante los medios, mostró que allí casi un 60% de los niños y adolescentes viven bajo la línea de pobreza. A su vez advierten que la violencia "se reproduce" de generación en generación. Sin embargo, el pedido social se ha hecho cada vez más fuerte en aquel país. Según el informe de la OEA antes citado "los gobiernos autoritarios y las dictaduras militares que actuaron en el Hemisferio en las últimas décadas desconociendo las obligaciones internacionales de los Estados en materia de garantía de los derechos humanos, dejaron como legado una situación de permanente reproducción de la violencia". Según el informe, en el parágrafo 27 se advierte que "preocupa especialmente a la Comisión que entre las víctimas y los victimarios de la violencia y el delito se destacan los niños, niñas y jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, con una tasa de homicidios que se eleva a 68,9/100.000". Por otro lado "se ha producido un aumento repentino y notable de las tasas de violencia (tanto por lo que respecta a las víctimas como a los que la perpetran), en especial entre jóvenes de unos 15 años, lo que indica que en la adolescencia convergen varios factores que hacen que la violencia entre compañeros sea más común". Agrega que "los datos de que se dispone indican que en muchas partes del mundo las tasas de homicidio entre jóvenes de 15 a 17 años son al menos tres veces superiores a las de los jóvenes de 10 a 14 años".

La visibilidad en Uruguay

Pérez Manrique destacó que es necesario que nos fijemos en los datos oficiales proporcionados por el Poder Judicial. Según los otorgados a LA REPUBLICA por el especialista, y de acuerdo al cuadro proporcionado por Unicef, "seis de cada 100 delitos son efectuados por menores de edad".

Una de las razones del reclamo social, según Pérez Manrique, radica en que "se hacen eco de los medios de comunicación" que "resalta los hechos cometidos por menores de edad". Entiende que "se piensa que por ser adolescentes no son responsables", cuando hay jueces de adolescentes. Por otro lado, "se parte de un dato de la realidad y las denuncias realizadas, como por ejemplo de la Organización Mundial contra la Tortura, advierten que el sistema de privación de libertad para menores en nuestro país es insatisfactorio y violatorio de los derechos de los adolescentes". El catedrático dijo que "uno de los objetivos debería ser educar".

Como ayer informó LA REPUBLICA, el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, para algunos actores políticos, sociales y jurídicos es "erróneo", partiendo de la base de que "ya se dispone de un sistema judicial especializado para menores de 13 a 18 años", tal como dijo el diputado socialista Julio Bango. Pérez Manrique explicó que dicha ley "prevé que los adolescentes son responsables penalmente, y que está establecido en el artículo 69", que especifica que los menores de 13 a 18 años tienen responsabilidad ante "acciones u omisiones dolosas consumadas, cometidas en calidad de autor o coautor, tipificadas por el Código Penal y las leyes penales especiales (...), la tentativa de infracciones gravísimas a la ley penal; la participación en calidad de cómplice en infracciones gravísimas a la ley penal".

Publicado en La República el 4 de noviembre de 2010