Proponen ley contra acoso estudiantil

Por Matías Rótulo (Publicado el 21 de junio en La República) 

El acoso entre estudiantes afecta a más del 35% de los niños de sexto. A nivel de Secundaria, las autoridades trabajan en un plan de convivencia. El proyecto de ley presentado por el diputado Carmelo Vidalín (Partido Nacional) y que está a estudio de la Comisión de Educación de la cámara baja, pretende hacer ley la prohibición de acoso entre estudiantes a nivel educativo.

La iniciativa del legislador electo por el departamento de Durazno, Carmelo Vidalín, no solo pretende prohibir el acoso entre estudiantes sino que busca que las instituciones brinden atención directa para prevenir y apoyar a los niños y adolescentes. El proyecto de ley está a estudio de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

Según el mismo, la normativa “tiene por objeto establecer mecanismos para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia en todas sus formas, entre los alumnos de las instituciones educativas como paso indispensable para disminuir la violencia en la sociedad”. El segundo artículo del proyecto de ley prohíbe a su vez el acoso escolar “en cualquiera de sus modalidades, cometido por los alumnos entre sí y hacia los docentes”.

En la justificación del Proyecto de Ley se hace referencia a un estudio publicado en la revista de Cepal donde se analizaron en 218 escuelas, 303 aulas de 6º año (es en los grupos mayores donde se da más violencia) y 6.511 alumnos y los resultados demostraron que en el último mes, antes de la encuesta, el 32,41% de los niños habían sido robados, el 31,07% insultados o amenazados, el 10,10% maltratados físicamente y el 50,13% habían sufrido algún episodio de violencia. De los alumnos que afirman conocer en su clase alguien que fue víctima expresan que los hechos fueron: 45,56% (robo), 45,49 (insultos o amenazas), 42,98% (pegar o hacer daño), 60,08% (algún episodio de violencia).

Posibles obligaciones

El proyecto solicita la presencia de un psicólogo encargado de la prevención y el tratamiento de los casos de acoso y de violencia entre los alumnos, investigando y atacando sus causas en las instituciones educativas. Un psicólogo podrá hacerse cargo de varios centros, según necesidades y disponibilidad.

Además se quiere legislar para que cada centro tenga un libro de registro de actos de violencia y acoso entre estudiantes en el que docentes y/o directores tengan la obligación de registrar los hechos de violencia, intimidación, hostigamiento, discriminación, difamación y cualquier otra manifestación que constituya acoso entre los estudiantes, en los que hayan sido testigos o informados y constatada su veracidad. Se deberán registrar las medidas adoptadas y su seguimiento. Se registrarán también las denuncias recibidas y el trámite que se ha dado a las mismas.

De prosperar el articulado tal como fue presentado, se deberá dar claro conocimiento a los alumnos y padres de esta prohibición y denunciar ante las autoridades los casos que se registren. Además se solicita en el proyecto que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) elaboren un plan en un plazo de 60 días a partir de promulgarse la ley. Dicho plan deberá “ser aplicable a todos los centros educativos, tanto públicos como privados, a los efectos de diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el acoso y la intimidación entre los alumnos en cualquiera de sus manifestaciones”.

Dicho plan deberá tener una directiva, “clara y precisa, orientada a diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el acoso y la intimidación entre alumnos, de modo que sea entendida por todos los miembros de la institución educativa” y “establecer sanciones en función de la proporcionalidad del acoso escolar”.

Por otro lado pide el proyecto de ley que los centros educativos tengan la “obligación” de comunicar a los padres o a quienes detenten la tenencia de los alumnos, la directiva impartida, mediante la entrega de un boletín informativo al comienzo de cada año escolar donde consten las normas y principios de sana convivencia y disciplina escolar, así como sus obligaciones.

Medidas de prevención

Nilia Viscardi, del departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades, quien trabajó con el Consejo de Educación en el Programa de Convivencia explicó (LA REPÚBLICA, 23 de marzo de 2012) que “se trabajará en procura de la participación del estudiante, canalizando el conflicto en las instancias que existan creando espacios de diálogo”. Dijo además que “el conflicto se da en una situación de descontento” y “no se puede aislar al alumno” y es “importante que el estudiante conozca las normas, se hable con él y sí se establezcan acuerdos y si hay que castigarlo se hará, pero nunca desplazarlo”. Según los datos recogidos por Secundaria, existen pocos casos de violencia grave relacionados con la presencia de armas blancas o de fuego. Viscardi indicó que “tenemos que pensar qué incidencias tienen las armas en la sociedad, y a partir de ahí por qué un estudiante las lleva a un centro de estudio”. Vidalín en su argumentación expresa que “estas prácticas que empiezan a constituirse en hechos cotidianos, conocidos, y en cierto modo avalados por los adultos y los propios estudiantes, entran en total contradicción con aquello que se espera sea una escuela: un espacio en formación ética, moral, emocional y cognitiva de ciudadanos”. Agrega el legislador que se debe “poder aprender sin miedo, en un clima confiable y seguro, se constituye en una de las condiciones fundamentales para que cada estudiante fortalezca habilidades de todo tipo y se apropie de aquellos aprendizajes que le asegurarán el pleno desarrollo y la participación social”.

M.R.