Cambio de ley disminuiría nivel de investigaciones de explotación sexual infantil

Por Matías Rótulo (publicado el 6 de julio en La República) 

La futura modificación a la Ley de Lavado de Activos, dispondrá que Crimen Organizado no investigue casos de corrupción no significativos económicamente. La modificación incluye que tampoco investigue casos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, salvo que sea comprobado que se trate de una “organización delictiva”. 

El presidente del Comité de Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes dijo ayer a LA REPÚBLICA que se avizora un “retroceso” en las investigaciones de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. El motivo “es porque la modificación a la Ley de Lavados de Activos determinará que los Juzgados de Crimen Organizado tomen estos casos solo cuando se comprueba que hay más de tres personas involucradas”. El miembro informante de la Cámara de Diputados, el legislador Alfredo Asti, explicó que la modificación “es para proteger a las víctimas”, algo con lo que Putcher discrepa.

Hasta el momento, y mientras siga vigente la actual normativa que establece las potestades del Juzgado Contra el Crimen Organizado, es esta dependencia especializada la que se encarga de las denuncias de explotación sexual comercial de niños y adolescentes. Este año, el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) presentó 16 denuncias. Muchas de ellas se realizaron tras un exhaustivo trabajo de investigación donde participaron policías encubiertos, se utilizaron escuchas telefónicas y otras herramientas de investigación.

Para Luis Putcher, “que las investigaciones las haga el Juzgado Contra el Crimen Organizado, ha servido de mucho en la resolución de casos”. Sin embargo, el beneficio que ve Putcher en remitir este tipo de casos a la oficina especializada “puede ser una sobrecarga del Juzgado, pero además perjudicial para las víctimas”, explicó el diputado frenteamplista Alfredo Asti. El legislador, junto a Gustavo Bernini y el nacionalista Jorge Gandini, presentaron el proyecto de ley que determinará el cambio de las potestades del Juzgado Contra el Crimen Organizado.

La modificación de las competencias del Juzgado Contra el Crimen Organizado implica entre otras modificaciones que los casos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes sean atendidos por los juzgados penales. La excepción será cuando estén implicadas en el supuesto delito más de tres personas. Según Alfredo Asti “es una medida para que los casos puedan ser resueltos en los departamentos donde ocurren”. Puso como ejemplo que “en algunos casos de explotación sexual se da a nivel intrafamiliar, y no es necesario que viajen a Montevideo al Juzgado del Crimen Organizado para que sea resuelto”. Según el diputado “esto evita que la dependencia judicial se sobrecargue de casos”. Agregó que también se modificará la competencia de los casos de coimas en casos de corrupción. “Por ejemplo, no serán ya atendidos por el Juzgado del Crimen Organizado aquellos casos de coimas a un inspector de Tránsito”, sino que se remitirán los casos “que impliquen una asociación para delinquir” y que en el caso de las coimas “supere los veinte mil dólares”.

En cuanto a los casos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (también de adultos), “se intenta no revictimizar al afectado, trasladándolos a Montevideo, si el caso ocurre en el interior del país, separándolos de sus seres queridos y su entorno”.

Controversia

Para Luis Putcher, la medida “es un retroceso”. Según Putcher “la Policía va a tener que investigar, ya no a los victimarios, sino que la concentración estará puesta en si supera las tres personas para que sea considerado un crimen organizado”. Dijo también que “la ventaja de la acción de los juzgados Contra el Crimen Organizado es que se puede utilizar el recurso de los policías encubiertos, y las escuchas telefónicas”.

Asti, por su parte, dijo que “la idea es no sobrecargar estas herramientas tan útiles”. Para Putcher, “las escuchas telefónicas y la Policía encubierta es de gran utilidad para resolver este tipo de casos”.

Por otro lado, para Putcher, “en el Juzgado Contra el Crimen Organizado no sucede lo que sucede en los juzgados de la Justicia Penal, hay una protección mayor a la víctima, no se la expone en su propia ciudad, por ejemplo, las que provienen del Interior”.

M.R.