Uruguayo expulsado de España cuenta su historia

Por Matías Rótulo (publicado el 23 de julio de 2012 en La República) 

Un uruguayo que estaba radicado en islas Canarias fue expulsado de España. La Policía lo trajo esposado hasta el aeropuerto de Carrasco donde fue entregado a Interpol. El Parlamento uruguayo estudia el caso, mientras denuncia que su expulsión fue ilegal y sin un juicio justo.

Fue expulsado de España tras ser acusado de protagonizar hechos violentos en una manifestación pública. Él afirma (y los medios de Canarias también) que tales hechos violentos no existieron. Denunció a un jerarca público por difamación y le comenzó un juicio a fines de mayo, pero nunca se pudo presentar al juzgado porque ya estaba en Uruguay tras ser expulsado. Su documentación enviada desde España se perdió en el camino. Vino esposado como un delincuente de alta peligrosidad, y denuncia que no se siguió el debido proceso para la expulsión. Allá dejó a una hija de cinco años, una esposa y su trabajo como técnico metalúrgico. Acá vive como puede en la casa de familiares mientras la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se prepara para estudiar el caso. Hoy en Uruguay vive un calvario, un exilio en su propia patria, sin trabajo, ni dinero. El técnico metalúrgico José Gervacio Morales Brum, estuvo en el aeropuerto de Carrasco el 21 de junio tras algunos minutos sin saber qué hacer, después de pasarla Aduana, y tras ser entregado por dos oficiales españolas a los de Interpol Uruguay. En su pasaporte solo veía el sello de entrada en la aduana uruguaya “Solo tengo el sello de entrada, allá no pasé porla Aduana, me sacaron clandestinamente” indicó aLA REPÚBLICA José Morales. Tampoco en su pasaporte se indica que haya sido expulsado de España.

En la zona de llegada, revisó sus bolsillos y sólo tenía tres euros. En una carpeta traía algunos documentos que le fueron entregados cuando bajó del avión y una única muda de ropa: la puesta. De pronto, un hombre se le acercó y le dijo que conocía su historia. Se trataba de un español radicado en Uruguay que se enteró por la prensa lo que le estaba ocurriendo al uruguayo. José Morales es un militante del Partido Comunista del Uruguay, un trotamundos que estuvo en Chile y en España. Allá, dejó una hija de cinco años de edad. Eso demuestra su arraigo con aquel país. También quedó su pareja que durante varias horas no supo dónde estaba cuando comenzó “de apuro, el proceso para sacarme de España”. También “dejé mucha militancia social, por las causas que yo entiendo que son justas defender”.

 Un militante

Morales se declara un militante de las causas justas. Acá, establecido pero sin una respuesta final a su situación fue entrevistado porLA REPÚBLICAtras su expulsión de España el pasado 20 de junio. “Soy un uruguayo que cumplió diez años de residencia en Islas Canarias, Lanzarote”. Toda su  documentación estaba en regla al momento de ser expulsado, documentación que mostró al ser entrevistado. Ni bien llegó allí, a Lanzarote, comenzó a ser militante en el Sindicato Obrero Canario. En Uruguay “he recibido un gran apoyo del PIT CNT que ha tratado el tema y ha comunicado su preocupación por el caso”. El dirigente Juan Castillo (PIT CNT) mantuvo una reunión semanas atrás con el embajador de España en Uruguay. Según José Morales “él –el embajador-, dijo que yo no tengo una hija en España, y eso es mentira”. Morales mostró la documentación que demuestra que “sí tengo una niña de cinco años de edad”.LA REPÚBLICAintentó sin éxito comunicarse con el embajador de España en Uruguay.

El inicio del caso

En enero, a Morales le abrieron un expediente de expulsión de España que, según lo demuestra la documentación proporcionada a LA REPÚBLICA, la Justicia archivó. El expediente se abrió tras una manifestación pública y pacífica en la cual Morales notó que un funcionario policial tomaba fotografías. Morales fotografió posteriormente al funcionario policial (que se identificó como tal una vez que sacó un arma de su cintura y apuntó al público, según narra Morales). El policía denunció a Morales.

Días después, una manifestación en contra del otorgamiento de permisos a la empresa Repsol para la explotación de afluentes terminó “pacíficamente, sin ningún incidente, tal como fue demostrado enla Justiciapor las cámaras de televisión” pero “nos llegó a seis manifestantes una citación que terminó en una multa”, narra el entrevistado. A Morales lo multaron con 400 euros y a los otros cinco con 300 euros. Después de eso, como medida cautelar Morales tenía que ir cada quince días a la comisaría a firmar su presencia. En el medio, el 21 de mayo se le había comunicado que tendría sesenta días más antes de la expulsión y que tenía derecho a presentarse al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para pedir que se revoque la decisión. No pasaron los sesenta días. El 12 de junio fue a firmar su presencia a la comisaría y se le comunicó de su expulsión inmediata. “Ahí pedí que se notificara a mi abogado y que se le avisara a mi compañera”.

La historia después es conocida. “Me trasladaron a Madrid como un reo peligroso, esposado con las manos atrás”. Luego fue subido a un avión con destino a Montevideo. Iba acompañado por dos oficiales policiales de España. “Todo después de haber pasado por los calabozos, y de ir con dos arneses en las muñecas arriba del avión sin poder moverme”. Actualmente vive en la casa de unos familiares. “Pero no tengo nada, no sé qué pasará conmigo en el futuro, y extraño a mi hija”.

Un paquete que nunca llegó

El paquete número 129 de España salió con normalidad del correo de aquel país. “Llegaron los paquetes enviados el 18 de junio para otros destinos con normalidad, menos el que tiene toda mi documentación, papeles, discos y demás”. Explicó Morales. LA REPÚBLICA no pudo conseguir respuestas en el Correo Uruguayo sobre la desaparición del paquete 129. Morales sospecha de esta situación ya que “por lo general los paquetes llegan todos en tiempo y forma”.

Una denuncia que no se concretó

El 27 de mayo, Morales denunció a un funcionario público del gobierno en Las Palmas, por difamación contra él. En una nota de prensa facilitada a LA REPÚBLICA por Morales, se explica que “el pasado día miércoles 23 de mayo, el sub delegado del gobierno en Las Palmas comparecía ante los medios de comunicación para informar la confirmación de la orden de expulsión en contra del activista uruguayo, orden dictada por esa entidad gubernativa y comunicada a Morales el día lunes 21 de mayo, hecho inédito dado que no es habitual que la Administración comunique este tipo de expedientes a la prensa y menos aún mediante una comparecencia personal de un subdelegado del gobierno”. Se agrega que “en esta comparecencia el subdelegado del gobierno ha develado de que sobre el activista uruguayo pesa una denuncia por malos tratos y una orden de alejamiento, hecho que Morales denuncia que son totalmente y completamente falsos”. Tras estas declaraciones, Morales le inicia una denuncia penal al funcionario Luis Molina González. “Lo raro de mi expulsión es que fui citado a confirmar mi denuncia, pero resulta que ya estaba en Uruguay, expulsado” explicó Morales.

M.R.